julio 25, 2024

Chile puso fin a cuatro años de su proceso constituyente con un plebiscito dominical con una nueva intención de cambiar su Constitución. Lo hizo, como es costumbre en el país sudamericano, con un ejemplo de civismo: meses de votación instalada por hora, millones de personas esperando su turno tranquilo para votar, votaciones rápidas, líderes políticos con una actividad estatal y una elección de servicio. que conocen con el respeto de todos. Sobre el papel, dos opciones: un favoren reversa A partir de un texto que fue redactado por un Consejo Constitucional dominado por las derechas, todo el conservador Partido Republicano busca una formación de Vox. Los ciudadanos tuvieron que conformarse con la elección «entre algo malo y algo malo», como lo demostró la socialista Michelle Bachelet, presidenta de Chile en dos ocasiones, al votar por la mañana. Es por él que este bloque recuperó la propuesta y preferencia que, paradójicamente, mantuvo la Constitución dada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, reformada una vez 70 veces desde la transición.

Para la izquierda, el texto radicaliza el proyecto neoliberal de 1980 y presenta valores alejados de la secularización y del sentir común de la sociedad chilena actual. “Esta propuesta sitúa el avance de Chile en igualdad de condiciones y sin discriminación contra las mujeres”, asegura Abad Macarena Sáez, directora ejecutiva de la división de derechos de las mujeres de Human Rights Watch (HRW). Para los defensores del texto, en cambio, “no es una Constitución derecha”, como dice en este periódico uno de sus artífices, el constitucionalista Jorge Barrera, jefe de asesores del Partido Republicano. Sin grandes diferencias con la Constitución actual, integra un supuesto clave: proponer que los bienes básicos en salud, educación y pensiones se financien con ingresos generales, pero asegura una oferta mixta, previendo la existencia de un sistema estatal y otro privado.

Fueron cuatro años de juicio. Esta etapa se abrió con los acuerdos de noviembre de 2019, cuando la clase política ofreció a la ciudad un camino para cambiar la Constitución. Ahora no parece nada claro que los problemas del país se originaran en ella. Mucha gente se ha preguntado, como el sociólogo Eugenio Tironi, si sería preferible emprender un plan más modesto de reformas socioeconómicas antes de emprender la reforma del texto constitucional. Fueron los días más pobres del establishment social que tomo en contra de los objetivos no sólo del gobierno conservador de Sebastián Piñera, hasta la democracia. Hubo manifestaciones masivas con diferentes demandas y niveles de violencia sin precedentes.

Fracaso en 2022

Chile ha abierto así un proceso constituyente para intentar superar una Constitución ilegítima a juicio de la izquierda, dado su origen dictatorial. Hasta el plebiscito de este domingo, este plazo se extiende por cuatro años. Los chilenos se han entusiasmado en las urnas en cinco ocasiones para intentar superar la carta de 1980 (o de 2005, debido a las últimas reformas llevadas a cabo por el presidente socialista Ricardo Lagos, cuya firma está en el texto actual). El intento fracasó en 2022, cuando los votantes apoyaron por un 62% la propuesta de una convención dominada por Estados Unidos. El plebiscito de este dominio, por lo demás, fue el segundo y último intento. Es un ejemplo de civismo porque prácticamente todos los sectores políticos saben bien que este es el final del proceso constituyente en el corto y mediano plazo.

“Cualquiera que sea el resultado, el proceso constituyente continuará”, aseguró al votar la portavoz del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, militante comunista. En la misma línea está la alcaldesa local Evelyn Matthei, quien preside el municipio de Providencia, uno de los más acogedores de Santiago de Chile: “Lo único que espero es que finalmente veamos esta edad”, aseguró Matthei, el principal Carta de la ley tradicional para las elecciones presidenciales de 2025. En estas comedias tendrá un fuerte competidor de la extrema derecha, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien fue visto por primera vez en Boric en 2021.

En chile lo tiene fatiga constitucional para explicar la franqueza de los electores, que se mostraron más bien indiferencia en este segundo intento de cambiar la Constitución. La competencia masiva en las urnas se explica, sobre todo, por el carácter obligatorio del voto, que se repite el año pasado y añade incertidumbre a los resultados. Las preocupaciones de los chilenos son otros asuntos urgentes que no pueden responderse con una nueva carta.

Hay una crisis de seguridad que afecta a los más pobres. En cinco años, Chile ha sufrido la tarea de homicidios por cada 100.000 habitantes aproximadamente de 4,5 a 6,7. Si en 2018 llegaron 845 personas de Asesi, en 2022 llegaron 1.322, según datos oficiales. La miel chilena sufre un delito alcanza su máximo histórico, según la Fundación Paz Ciudadana. La economía no crece desde hace más de una década, la educación en las escuelas públicas no se ha resuelto debido a la crisis que ya comenzó a manifestarse hace unos 20 años, en las protestas de 2006, mientras el sistema de privaciones de salud afrontaba graves problemas que podrían haber resuelto el problema público hasta un desastre. Así lo expresó el presidente Boric al votar en su natal Punta Arenas, en el extremo sur del país: “Independientemente del resultado del plebiscito, trabajemos por las prioridades del pueblo”, afirmó. El Gobierno continúa por más de dos años, hasta marzo de 2026.

Como todo plebiscito, éste también está polarizado en el país. La posición de los expresidentes lo demuestra. Mientras Bachelet y Lagos estudiaban en contra, el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y el conservador Sebastián Piñera, presidente de Chile en dos ocasiones (2010-2014 y 2018-2022), votaron a favor. “Espero que veamos esta oportunidad de aprobar una Constitución en democracia”, dijo Piñera.

Pero en ningún momento estuvo en juego la estabilidad de Chile ni la solidez de su democracia, que, sin embargo, enfrenta múltiples desafíos, como la gran desafección ciudadana hacia la política y hacia instituciones como partidos, Congreso y gobiernos.

A partir de este lunes Chile comenzará a sacar lecciones. Alfredo Sepúlveda, escritor y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), opina que este proceso ha hecho que «todas las luces se estrellen por donde se las mire». “Desde 2019, la violencia y la pandemia significan que el país solo ha podido reducir todos los índices económicos y sociales” y, en consecuencia, “ni el texto ni la propuesta representarán un pacto social real, amplio y consensuado, que es el el que vino desde el principio y el único que tuvo algún sentimiento”. Le pesa, el autor especializado en la historia de Chile reconoce que el país «ha sostenido una tradición democrática no escrita, que implica la preservación de instituciones, usos y costumbres (la Presidencia de la República, el bicameralismo, las libertades públicas, el paso pacífico del poder) que constituye una especie de ley silenciosa”, escribe EL PAÍS.

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